Pronunciado: El 15 de septiembre de 1972.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 4 de
febrero de 2016.
Estimados compañeros mapuches:
En el día de hoy promulgaremos una Ley que tiene extraordinaria importancia y significación.
Hace unos minutos, en el Salón del lado, firmamos un Convenio para impulsar fuertemente la industria automotriz y para establecer con Peugeot-Francia las expectativas de desarrollar el automóvil mediano en nuestro país; tiene importancia.
Esta tarde inauguraremos un centro en Pudahuel, para niños abandonados e irregulares; tiene importancia.
A lo largo del año y medio que tenemos de Gobierno, hemos encarado problemas trascendentes en la vida nacional; en el campo económico al recuperar las riquezas básicas para Chile, en la nacionalización de los monopolios; en el impulso audaz en la Reforma Agraria; en el establecimiento de un presupuesto de divisas; en la estatización de los bancos.
Iniciativas, todas, trascendentes para la vida nacional.
Pero creo que este es el acto de mayor significación y de mayor justicia. Pienso que es la primera vez que esta casa, que es la Casa del Gobierno, se abre para que el pueblo mapuche, para que los dirigentes de ocho provincias, entren a ella sintiéndose ‐como deben serlo- ciudadanos chilenos, iguales a todos nosotros. (Aplausos).
Es por eso, que se ha querido solemnizar este acto no sólo con la presencia ‐y muy significativa‐ de Uds. sino además con la de invitados que representan y reflejan la preocupación, la divulgación, el estudio de la cultura del pueblo mapuche.
Me refiero a las relevantes personalidades indigenistas de nuestro país. Y quiero saludarlas a ellas, en la persona de un hombre a quien Chile entero respeta, y la comunidad científica mundial admira, al gran chileno, profesor Alejandro Lipchutz. (Aplausos).
La presencia en este acto de los Ministros de Agricultura, Tierras y Colonización, Interior, Secretario General de Gobierno, la presencia de los Subsecretarios de Agricultura y Tierras y Colonización, el Director General de Asuntos Indigenistas, compañero Daniel Colompil, la presencia de altos funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Tierras y Colonización, la presencia en este acto de los Comandantes y Edecanes, de Ejército, Juan José Mela, y de Marina, Comandante Arturo Araya, demuestra que el Gobierno ha querido que esté rodeada, esta ceremonia del marco adecuado para ella por el sentido patriótico y nacional que tiene.
Ya Ximena Bunster, indigenista, amiga de Uds. que por su convivencia con los mapuches ha conquistado su afecto y su confianza, en una apretada síntesis, nos ha hablado de la historia, las luchas, las derrotas, la opresión, la negación del pueblo mapuche, a lo largo de muchos y muchos años de padecimiento. Y ha dicho una frase, al término de su documentada síntesis, que lógicamente la iniciativa legal que hoy promulgamos será parte de un gran proceso de transformación económica y social que vive Chile. Y así lo entendemos.
De la misma manera que quiero señalar el contenido de la intervención del compañero Antonio Mellape, quien en una hilvanada y elocuente improvisación ha afianzado algunos puntos de importancia, obtenidos en el despacho de la Ley y reseñado algunos vacíos que ella tiene.
Y ha hecho, desde su parte, una crítica a los parlamentarios que no comprendieron la importancia que tenía una Ley que era más que un conjunto de artículos, siendo pequeña, un Código, por lo uniforme, y lo vinculado en sus disposiciones, para señalar ‐y yo saludo aquí a los parlamentarios populares que junto con algunos parlamentarios de oposición‐, muy pocos por desgracia con funcionarios del Congreso contribuyeren a una Ley que Uds. impulsaron desde su inicio, y que tuvo y debo reconocerlo públicamente, como un gran impulsor y defensor al compañero Ministro de Agricultura, Jacques Chonchol. (Aplausos).
Me interesa, retomando lo dicho por Ximena Bunster, decir: que como expresión particular de la política general coordinadora de la estructura tradicional latifundista, la nueva política indígena intenta descongelar de modo limitado, colectiva y clasista el problema mapuche, mediante la emergencia y consolidación de una reducida capa media de pequeños propietarios, individuales, y la estabilización del estancamiento económico y del inmovilismo social impuestos a la gran mayoría del campesinado indígena.
Hay que recordar la Dirección de Indígenas, que actualmente, en 1971‐72 se estima en cuatrocientos mil mapuches rurales y en 100 mil en los centros urbanos. Particularmente concentrados en grandes ciudades como Santiago, Temuco, Valparaíso y Concepción.
Me interesa destacar que su actividad es la de la economía de pequeños productores rurales.
El hecho de que la unidad productiva real sea la familia, hacen del productor mapuche un pequeño propietario de la economía mapuche, una economía de pequeños productores.
La unidad económica familiar funciona utilizando la fuerza de trabajo, de los miembros de trabajo de la familia nuclear y menos frecuentemente de la familia externa.
En cuanto a la escasez y concentración de los recursos, el pequeño productor mapuche tiene a su disposición, escasos recursos económicos, sea tierra, animales de trabajo e implementos. En relación a la tierra, el estudio de 775 familias de 20 reducciones evidencia que el 30.7% de la familia, tiene desde ninguna tierra hasta 4 hectáreas.
El 60.9% tiene menos de 10 hectáreas y sólo el 10.2% tiene más de 30 hectáreas.
Bajo el nivel de los ingresos dependientemente de la composición del producto, la producción total de las unidades económicas familiares es baja. En 46 familias estudiadas, sólo el 6.5% alcanzó un producto neto anual superior a un valor equivalente a 15 mil kilogramos de trigo, o sea, a un valor superior a 3 millones de escudos, del año 66.
Las cifras anteriores indican desigualdad en la concentración de la tierra en la distribución de los recursos económicos, en la capacidad productiva de las unidades familiares.
La economía mapuche, con excepción de un reducido grupo de ingresos más altos, es una economía de subsistencia en el sentido que no genera un excedente real capaz de producir su desarrollo.
Los mercados locales a que está incorporada la economía de subsistencia los pequeños productores mapuches, forma una cadena estratificada a las relaciones económicas, en las cuales los estratos superiores detentan un fuerte poder de presión siempre superior a los estratos más bajos. En resumidas cuentas, es dable afirmar que el liderazgo urbano producido hasta 1970, es tomado en conjunto como un liderazgo de pequeña clase media conservadora del estatus, que desvinculado de cualquiera organización general de los grupos rurales mapuches, fue manipulado directamente o por los promotores de la política tradicional de integración, o se orientó por una ideología justificadora de tal política.
Desde el punto de vista de las posiciones en el sistema productivo, los problemas de participación del mapuche tienen la misma génesis y la misma determinación estructural que los problemas de todas las personas que ocupan las mismas posiciones de clases.
En este sentido fundamentalmente no existe un problema mapuche aislado y autónomo que se autogenera y que se desarrolla independientemente de las relaciones de clases existentes en la sociedad nacional chilena.
Sin embargo, la situación del mapuche en la estratificación de clases, presenta una forma peculiar que se suele llamar la estratificación inter‐étnica representada por la existencia de discriminación racial en su contra.
Esta es la realidad que encontramos; sobre esa realidad operamos porque el Programa de la Unidad Popular establece claramente: defensa de la integración nacional del pueblo mapuche, ampliar y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas amenazadas por la usurpación.
Al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegura tierra suficiente y sistemas técnicos y crediticios apropiados; reorganización de la propiedad minifundiaria a través de formas progresivas, de cooperativas de trabajo agrícola; incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operan en su área geográfica.
Es por eso que concurrí invitado a la Clausura del Segundo Congreso Mapuche, el 20 de diciembre de 1970 en Temuco.
Estaba obligado a hacerlo por convicción, por patriotismo, y por ser el intérprete realizador del Programa de la Unidad Popular.
Ahí recibí un Proyecto de Ley elaborado por la comunidad mapuche, para sustituir la Ley 14.511. Allí comprometí la palabra del Gobierno Popular en la tarea de satisfacer el clamor de Uds. compañeros mapuches, respecto a la recuperación de sus tierras y el impulso al desarrollo integrado.
Es por eso también, que quiero resumir la obra realizada por el Gobierno y que me parece fecunda. Restitución de tierras; entre enero del 71 y enero del 72 se han restituido a los mapuches 72 mil hectáreas de terrenos. En cambio entre enero del 61 y enero del 71, diez años, sólo se restituyeron por los Juzgados de Indios, 1.432 hectáreas.
Aspecto educacional: durante el año 71 hasta junio del 72 el Gobierno otorgó 13 mil becas a estudiantes indígenas por un total avaluado en escudos, 37 millones.
En los años 1969 y 1970 se otorgaron sólo 1.695 becas por un total de 700 mil escudos.
Se han establecido vales para estudiantes de enseñanza media y universitaria en Temuco, Victoria y Santiago. Se ha construido el Centro de Capacitación Regional Mapuche en Temuco, en una superficie edificada de 3.600 metros cuadrados y un costo de 7 millones de escudos.
Tiene capacidad para 160 alumnos internos y permitirá otorgar capacitación y adiestramiento a no menos de 1.000 mapuches al año.
Se ha iniciado la construcción de 7 Escuelas de Enseñanza Básica, especialmente en los sectores rurales, con capacidad para 460 alumnos internos. Ellas se encuentran en Diuco (Comuna de Freire), Quetrahue (Comuna de Traiguén), Traiguén, Nueva Imperial, Labranza, Cañete y Quillem.
Asistencia crediticias entre enero del 71 y julio del 72, se han concedido, a través del Banco del Estado más de 1.000 créditos, cuyo monto asciende a 5 millones de escudos. Mediante convenios celebrados con INDAP y CORA y SAG, se han otorgado créditos por 13 millones 870 mil escudos.
Reforma Agraria. Por primera vez los campesinos mapuches se incorporan al proceso de Reforma Agraria, especialmente mediante la inmediata restitución de los terrenos usurpados, que forman parte de los predios expropiados; la expropiación de predios usurpados, por medio del convenio CORA‐DASIN; la incorporación de un mayor número de campesinos indígenas a los asentamientos y Centros de Reforma Agraria, y la asignación de predios expropiados a cooperativas y comunidades.
Nueva Ley sobre indígenas. Ha sido preocupación fundamental del Gobierno.
Proceso de incorporación: Lo más importante de la política que ha seguido el Gobierno Popular, ha sido iniciar el proceso de incorporación y participación de los pueblos indígenas en el proceso nacional. Esto se manifiesta en la importancia fundamental que se ha dado a los indígenas y a la solución de sus problemas; en dejar de considerarlos ciudadanos de tercera o cuarta categoría para permitir su acceso a todos los niveles de resolución; y en su integración a los organismos de bases, consejos comunales y campesinos.
La Ley que hoy vamos promulgar contiene aspectos muy positivos y también, lamentablemente, algunos vacíos que no son culpa del Gobierno Popular.
Ella tuvo una gestación auténticamente democrática, porque fue inicialmente propuesta y redactada por las organizaciones campesinas indígenas (1 y 2° Congresos Mapuches de Ercilla, 1969, y Temuco, 1970); fue ampliamente discutida por las Asociaciones Regionales Mapuches antes de ser enviada al Congreso (entre enero y mayo de 1971); y los dirigentes mapuches han participado en discusión parlamentaria y en todos los trámites que ha seguido el proyecto.
También nosotros consultamos a la Comunidad Mapuche, si acaso deberíamos vetar o no, y entregamos nuestro criterio y nuestra información, llegando Uds. a un acuerdo unánime en el sentido de que era necesario promulgarla, a pesar de los vacíos ostensibles que ella tiene, porque en realidad, la correlación de fuerzas en el Congreso no nos permitía a nosotros, a través del veto, obtener la restitución de las iniciativas que contenía el proyecto inicial.
Dicho proyecto, en principio, fue ampliado y modificado por el Gobierno en partes muy insignificantes, ya que el trabajo de Uds. demostró capacidad, y por cierto, conocimiento de su propio problema; decisión de lucha al impulsar la nueva Ley; y convicción de que con ella Uds. se incorporaban en un tramo largo al Pueblo de Chile, sin discriminaciones, como hasta ahora se ha hecho, postergándolos y negándoles la condición de auténticos chilenos.
Por eso, el Gobierno ha cumplido con Uds. Envió el proyecto propuesto por Uds. mismos, e intervinimos largamente en la discusión; a través de los resortes constitucionales impusimos la urgencia para su despacho. A pesar de eso, demoró quince meses y varios días en el Congreso Nacional.
El proyecto se envió al Congreso el 19 de mayo de 1971; fue despachado a fines de julio de 1972; y se comunicó al Ejecutivo recién el 8 de agosto de 1972. En términos generales, la iniciativa encontró amplio respaldo y apoyo en la Cámara de Diputados, incluso de parte de parlamentarios de oposición, pero sin embargo en el Senado se modificó bastante el proyecto.
¿Cuáles son los aspectos positivos de la Ley? Someramente, ellos son:
Creación del Instituto de Desarrollo Indígena, con amplias facultades para promover el desarrollo social, económico y cultural de los indígenas en Chile.
Supresión de los Juzgados de Letras de Indios.
Establecimiento de un sistema judicial amplio, fácil, democrático y barato, que se radicará en los Juzgados de Letras de cada Departamento y en el que tendrán activa y preponderante participación los propios comuneros del Instituto de Desarrollo Indígena.
Caducidad de los derechos de los ausentes, lo que permitirá sanear el dominio y tenencia de los terrenos comunes, permitiendo que la tierra sea del que la trabaja.
Obligación impuesta a la CORA de asignar a campesinos indígenas un porcentaje de las tierras que expropie en la zona de la Araucanía. Este porcentaje debe fijarlo anualmente el Presidente de la República.
Facultad conferida al Instituto, para comprar tierras con el objeto de asignarlas a los indígenas.
Obligación impuesta al Ministerio de Educación, Universidades del país e INACAP, para destinar recursos y elaborar planes en beneficio de la población indígena.
Recuperación de las tierras que se hubieren expropiado a indígenas cuando estos hubieren ganado el juicio de restitución.
Pero esta Ley tiene también aspectos que no son positivos: faculta la división de las comunidades indígenas, pero establece un mecanismo jurídico engorroso e ilusorio; establece la obligación de asignar a cada comunero una Unidad Agrícola, lo cual es imposible porque para ello se necesitaría disponer de toda la provincia de Cautín y la mitad de la de Malleco; impide la recuperación de tierras usurpadas, las que por lo tanto quedarán en poder de los usurpadores; no permite la evolución progresiva de las tierras indígenas hacia formas cooperativas o comunitarias de trabajo; en algún sentido, deja sin protección las tierras divididas y las incorpora al régimen común de propiedad; no contempla normas que permitan la organización y funcionamiento de las comunidades indígenas como personas jurídicas con posibilidades de desarrollo.
En resumen, no es ésta la mejor Ley que podía pensarse para los compañeros mapuches. En muchos aspectos, tiene tantas deficiencias como la Ley N° 14.511. Pero los campesinos indígenas y especialmente sus dirigentes, tienen clara conciencia de que la Ley es sólo una herramienta y no una panacea ni la solución definitiva de todos los problemas. Ella tiene, sí, algunas herramientas que usadas con energía y voluntad, pueden conducir al pueblo mapuche y a los grupos indígenas a su total liberación e incorporación a la comunidad nacional.
Por ello es que procedemos a la promulgación de esta Ley. Quiero destacar que a los grupos indígenas, especialmente mapuches, corresponde una gran responsabilidad en su aplicación y cumplimiento: en el Consejo del Instituto, tienen ellos siete representantes de un total de quince; reitero, la Ley obedece a iniciativa de los propios indígenas; y además, las Asociaciones Regionales Mapuches y los Consejos Comunales Campesinos deben fortalecerse para participar activamente y en forma responsable en la formulación y aplicación de las políticas del Instituto.
El Gobierno usará esta Ley y además las facultades y poderes de todos los organismos del Estado, en una labor coordinada y resuelta. Se deben buscar los medios para que CORA, INDAP, INACAP, el Ministerio de Educación y sus servicios dependientes, el Ministerio de Salud Pública, usen de todas sus facultades para ir en beneficio de la población indígena del país.
Pero los grupos indígenas deben luchar porque se les garantice un lugar igualitario de desarrollo y nacionalidad en todos los aspectos, lo que sólo puede conseguirse con un organismo social o una organización social realmente democrática, que avance al socialismo, donde no encuentren lugar la discriminación, ni la marginalidad, ni el abuso.
En resumen, nosotros aprovecharemos todas las partes positivas de la Ley que Uds. mismos han reconocido. Y al mismo tiempo firmaré aquí un nuevo proyecto de Ley. En este nuevo proyecto de Ley tratamos de establecer lo que en el proyecto inicial deseábamos.
Será un nuevo proyecto, en que se establece la restitución de las tierras usurpadas a los Mapuches, muchos de los cuales quedan excluidos del proceso de restitución por la modificación que a nuestra Ley y a la de Uds. hizo el Senado.
Se prolonga además, en forma permanente, el Instituto de Desarrollo Indígena; se da un cauce moderno, para que reducciones, en la medida en que los Mapuches lo quieran, se transformen en cooperativas de producción, y se prohíbe la subdivisión de las comunidades.
Al presentar este nuevo Proyecto de Ley, queremos solucionar definitivamente el problema duro y álgido de Uds. que dura tantos y tantos años. Tenemos conciencia de que es probable o cierto que en el nuevo Parlamento, el que elegirá el Pueblo en marzo, encontraremos la base de apoyo para que esta nueva Ley sea despachada, satisfaciendo el justo anhelo de Uds. en todo caso, esta iniciativa debe constituir un motor que dinamice la actividad de Uds. para conseguir del Congreso, el despacho justo de una Ley que venga a corregir injusticias más que centenarias.
Finalmente, en un momento duro y difícil para Chile, cuando somos agredidos desde fuera, cuando por el delito de afianzar nuestra nacionalidad esta agresión toma formas diferentes, y especialmente económicas; cuando las fuerzas poderosas del imperialismo y de las empresas transnacionales tratan de negar la validez de nuestras propias leyes, cuando la presión internacional llega hasta negar sentencias que buscaron de los propios Tribunales Nacionales, y al serles adversas, desconocen; cuando tiene lugar un proceso de cambios trascendentes que sacuden la vida nacional; cuando el hombre de Chile, y sobre todo el trabajador sabe que es y será el factor dinámico del progreso; cuando Chile afianza más que nada su voluntad rebelde pero patriótica; cuando el anhelo y el impulso que mueven nuestras acciones, está destinado a darle a nuestra Patria el perfil de un pueblo independiente en lo económico y soberano en lo político, nada más justo que Uds., hermanos mapuches, a través de esta Ley, pero más que nada, a través de su conciencia y de la nuestra, se incorporen como chilenos a la gran tarea de los chilenos.
En la historia de ayer, Uds. defendieron con valentía, sin tregua, esta tierra del invasor. En la realidad de hoy, nosotros y Ud. expulsaremos el invasor económico, para ser auténticamente un Pueblo Libre. (Aplausos).