Pronunciado: El 18 de marzo de 1972.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 4 de
febrero de 2016.
Encontramos en el Informe Político que la dirección del Partido somete a la consideración del Pleno Nacional profundas contradicciones en el capítulo sobre “La institucionalidad del Estado democrático burgués y los objetivos históricos de la Revolución”. Contradicciones de orden teórico que producen, de forma derivada, interpretaciones sobre el modo de actuar práctico del Partido que pueden entrar en conflicto con el Programa de Gobierno de la Unidad Popular y, lo que es más grave con la realidad histórica de nuestro país.
El Informe incurre, en la total identificación del contenido de clase de la institucionalidad, por un lado, y el origen histórico de esta última. Es una posición tajante que, al ser formulada en forma absoluta, niega o desconoce la sutil complejidad del problema. Es cierto que un régimen institucional es el producto de un orden social determinado, pero lo institucional no sólo encuentra su sentido de clase en su génesis histórica, sino sobre todo, en la fuerza social que en un momento concreto y específico informa su funcionamiento, lo está utilizando y orientando.
Nuestro partido ha asumido la responsabilidad del Gobierno, ello nos exige nuevos esfuerzos en el modo de contemplar los problemas, distintos de cuando se encontraba en la oposición.
No podemos contentarnos con afirmaciones y proposiciones genéricas, de grandes rasgos, sino que tenemos la obligación de ser mucho más precisos y concretos en nuestros planteamientos, en nuestras proposiciones positivas y en nuestras críticas.
No podemos limitamos a mostrar con claridad el camino a recorrer, las sucesivas etapas que se presentan, los mecanismos a través de los cuales ir aproximándose a los objetivos programáticos. El Partido debe indicar con claridad a sus militantes y seguidores no sólo hacia donde se dirige, sino cómo se propone hacerlo, a través de qué medios piensa actuar. Esto se puede lograr sí, como bien dice el Informe Político, el Partido es capaz de “descubrir cuáles son las formas concretas y específicas que van asumiendo en este proceso concreto las leyes generales de la transición revolucionaria del capitalismo al socialismo”. El aparato del estado ocupa un lugar central en la lucha revolucionaria, como instrumento del que se sirve la clase social dominante para imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad. Por su conquista han luchado los trabajadores chilenos, quienes en estos momentos están dirigiendo el centro de gravedad de nuestro Estado, el Poder Ejecutivo. Dirigiéndolo con una inspiración revolucionaria y con la voluntad abiertamente declarada de transformar las estructuras capitalistas para abrir el camino al socialismo.
Con lo que el Estado chileno se encuentra ahora en una singular situación mixta, ya que es, en primer lugar, un objetivo político a conquistar y, al mismo tiempo, un medio de acción del cual se sirven los trabajadores, a través del Gobierno, para realizar los cambios estructurales que les permitan controlar el resto del aparato del Estado.
Por esta razón es tan importante analizar profundamente la naturaleza y sentido actuales de nuestra institucionalidad, pues de la concepción que de ella nos hagamos va a depender decisivamente el método de acción política que el Partido retenga en los momentos presentes.
Un partido con la responsabilidad de compartir la dirección del Gobierno es obvio que no puede limitarse a afirmar que “el paso fundamental para destruir el estado burgués lo constituye la toma del poder político por el proletariado”.
Esto es algo bien conocido. Debe proponer, necesariamente, los procedimientos a través de los cuales puede y debe actuar la acción organizada y consciente de los trabajadores.
Proposición que no estará en condiciones de hacer si demuestra una seria conclusión sobre lo que es el Estado chileno en la etapa presente de nuestra historia, sobra la naturaleza misma de las instituciones políticas chilenas. Que tiene importancia decisiva para resolver acertadamente el problema de la participación de los trabajadores en el Poder, del que tanto se habla, sin llegar a definiciones precisas y razonables.
El Informe no puede definir, primero, al Gobierno actual como “una herramienta de poder burgués”, con un “contenido de clase” ni más ni menos que burgués, y tener que reconocer después que la “burguesía no resiste la administración de sus propias leyes por parte de fuerzas que le son enemigas. Todas las Instituciones, los códigos y el aparato burocrático, están hechos para asegurar el dominio de clase burgués. Sin embargo […], al pasar a ser dirigidos y utilizados por sus propios enemigos de clase, se transforman en amenazas de su propia estabilidad, pierden el carácter de fortalezas del régimen”. Efectivamente, esta última apreciación se corresponde con lo que está acaeciendo en Chile desde el 4 de septiembre de 1970 y la propia burguesía es más elocuente en reflejarlo cada día.
Pero si esto es así, es porque no es la institucionalidad chilena actual donde descansa el poder de la burguesía, sino en su poder económico y en la compleja trama de relaciones sociales establecidas en el régimen de propiedad capitalista.
El Informe Político no puede limitar su razonamiento teórico sobre este problema a sostener que “el Estado […] está organizado y concebido de forma que la clase minoritaria y explotadora ejerce una dictadura sobre los explotados, basada en dos pilares fundamentales: la burocracia y el aparato represivo”, porque semejante afirmación, correcta en su sentido último y aplicable a otros Estados capitalistas, resulta primaria y simplista en el Chile de hoy, hasta el extremo de producir tal confusión que es capaz de perturbar toda la acción política del Gobierno. Porque sencillamente, la burocracia y el aparato represivo de nuestro Estado dependen actualmente del Gobierno Popular, del Gobierno de los trabajadores, y no de la burguesía.
¿Quién ejerce hoy su autoridad a través de la burocracia y el aparato represivo del Estado?, ¿la burguesía, cuando esa burocracia y ese aparato represivo están encomendados por nuestro régimen institucional al Gobierno y no al Congreso ni Poder Judicial?
Sólo a partir de una perspectiva extraña a la realidad concreta del aparato estatal en estos momentos, puede llegarse a la conclusión de que no hay otro camino para el proceso revolucionario chileno que la quiebra y destrucción del actual régimen institucional y constitucional. La burocracia del Estado chileno actual es la DIRINCO, es la dirección de Impuestos Internos, es el Servicio Nacional de Salud, es el Banco Central, es la CORFO y la Corporación de la Vivienda, etc. ¿Al servicio de qué interés de clase están hoy trabajando estos organismos del Estado? ¿Qué decisiones están tomando ahora la CORFO y la DIRINCO? Están operando al servicio inmediato de los trabajadores, y contribuyendo a crear el embrión de lo que debe ser el régimen institucional de transición, correspondiente a la etapa de superación del sistema capitalista.
¿Cómo puede pretenderse que hay que destruir, quebrar lo que presupone la violencia, el aparato de la Administración Pública, cuando en estos momentos es un instrumento para actuar, cambiar y crear al servicio de los trabajadores? El aparato coercitivo con que cuenta institucionalmente el Estado chileno para imponer el respeto al orden cívico interno y a las leyes son el Cuerpo de Carabineros y la Dirección de Investigaciones.
Por otra parte, la defensa de la soberanía de la Nación, de la seguridad externa y de la seguridad del Estado, está profesionalmente depositada en las Fuerzas Armadas. Carabineros e Investigadores tienen confiada su dirección, por el régimen institucional vigente, al Ministro del Interior, que yo designo y que responde ante mí. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al Gobierno legítimamente constituido, no son dirigidas ni por el Congreso ni por el Poder Judicial, y la Constitución me confía la facultad, y la responsabilidad, de ser el Generalísimo de las Fuerzas Armadas de la Patria ¿Quién puede sostener que un Partido que cuenta entre sus militantes al Ministro del Interior y al Presidente de la República debe proponerse la destrucción, la quiebra del aparato coercitivo del Estado? ¿Cuál es el sentido de clase que está informando la actuación en estos momentos de Investigaciones y Carabineros, dentro del marco que la Ley y su profesionalidad establecen? ¿Cuán importante acaso no ha sido, es y será, para nuestro pueblo, el respeto de las Fuerzas Armadas a las manifestaciones democráticas de su voluntad?
No está en la destrucción, en la quiebra violenta del aparato estatal el camino que la revolución chilena tiene por delante. El camino que el pueblo chileno ha abierto, el mismo, a lo largo de varias generaciones de lucha, le lleva en estos momentos a aprovechar las condiciones creadas por nuestra historia para reemplazar el vigente régimen institucional, de fundamento capitalista, por otro distinto, que se adecue a la nueva realidad social de Chile. Se trata sí, de transformar el aparato burocrático, el aparato del Estado como totalidad, la propia Carta Fundamental, en su sentido de clase, y, también, en sus manifestaciones institucionales individualmente consideradas. Lo hemos dicho durante muchos años, está escrito en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular y lo estamos llevando a cabo la cuestión teórica que ello plantea reposa en un supuesto que aparece evocado en el Informe Político: el de si la institucionalidad actual puede o no negarse a sí misma, destruirse a sí misma, abriendo paso a un nuevo régimen institucional. Para responder a esta cuestión se requiere, previamente, tener en cuenta dos factores. En primer lugar, si el régimen institucional no es abierto al cambio. En segundo lugar, qué fuerzas sociales están detrás del régimen institucional, dándole su fortaleza. Ambos factores se corresponden el uno al otro, ya que sólo si el aparato del Estado no es infranqueable a las fuerzas sociales populares puede concebirse que la institucionalidad sea suficientemente flexible para tolerar las transformaciones estructurales sin que estalle automáticamente.
Es concebible que esta cuestión teórica, tan fundamental, planteara dudas en cuanto a su respuesta hace año y medio. Pero no se puede aceptar que todavía hoy sea objeto de una interpretación invertida. El 4 de septiembre de 1970, el régimen institucional chileno fue sometido a una prueba decisiva: la de demostrar hasta qué punto resultaba abierto a que los representantes de las fuerzas sociales contrarias al sistema capitalista llegaron a controlar el Gobierno. La burguesía hizo lo posible y lo imposible por destruir en aquel momento la continuidad de un régimen institucional que, por sí mismo, ya no era una barrera infranqueable para los movimientos revolucionarios. Y el Partido Socialista debe tener plena conciencia de que si el pueblo llegó al Gobierno el 4 de noviembre de 1970, en la forma regular que lo hizo, fue precisamente a causa de nuestro régimen institucional. Si éste hubiera estado corrompido o carcomido, la quiebra de la institucionalidad se hubiera producido en ese momento y Chile hubiera entrado, probablemente, en un estado de violencia desatada.
Pero el Partido Socialista debe meditar profundamente en este hecho: ¿por qué el régimen institucional resultó tan fuerte como para resistir una burguesía volcada a su destrucción?
Sencillamente porque por más paradójico que resurte a primera vista fueron las fuerzas sociales populares las que sostuvieron -desde dentro- el régimen institucional. Fueron, por supuesto, los partidos y movimientos de la Unidad Popular. Pero también la influencia de los factores populares agrupados en la Democracia Cristiana encabezada por Radomiro Tomic. Es decir, entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre de 1970, fueron las grandes mayorías las que evitaron el derrumbe de la institucionalidad, institucionalidad dentro de la cual se definieron nuestras Fuerzas Armadas, enfrentando abiertamente la presión de la burguesía que llegó hasta asesinar al Comandante en Jefe del Ejército en su afán por utilizarlas como fuerzas de choque contra el libre desarrollo del régimen institucional. Lamentablemente, no podemos decir que el pueblo llegó al Gobierno sin sangre y fuego entre septiembre y noviembre de 1970, porque el general Schneider concentró en su inmolación personal la violencia que la burguesía pretendió desatar sobre el pueblo de Chile.
El informe no puede guardar silencio sobre uno de los hechos políticos más significativos que está ocurriendo en los últimos meses; el intento de la burguesía por negar y cambiar la esencia misma de nuestro régimen institucional porque perdió su control. En la batalla en torno del Presupuesto, la oposición quiso desconocerle al Gobierno de los trabajadores herramientas fundamentales para el manejo del aparato económico del Estado. En la pugna en torno de la calificación de los vetos de la Ley de Arriendos, la oposición quiso desconocerle al Presidente de los trabajadores la facultad con que cuenta para negarse a promulgar disposiciones legales ordinarias aprobadas por la mayoría simple del Parlamento. En la confrontación en tomo del ministro Tohá, la burguesía quiso acabar con la independencia política del Gobierno Popular frente al Congreso. En el enfrentamiento sobre la Reforma Constitucional y el problema jurídico de los vetos, la burguesía ha ensayado la posibilidad de cambiar la Constitución vigente al margen del Presidente.
¿Qué nos están enseñando estos hechos? Sencillamente, que de nuevo es la burguesía la que intenta desconocer el regular funcionamiento del aparato institucional, hasta el extremo de pretender invalidar un organismo jurisdiccional totalmente independiente como es el Tribunal Constitucional. Y que, de nuevo, si el régimen institucional continúa actuando regularmente, es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo están sosteniendo.
Pero si el Gobierno de los trabajadores es en estos momentos la columna maestra sobre la que reposa el régimen institucional, si los trabajadores organizados están actuando dentro de él en conformidad con sus propias reglas, es porque el régimen institucional ha demostrado no sólo estar abierto a las fuerzas revolucionarias, sino que es suficientemente flexible en sus equilibrios internos para tolerar los cambios revolucionarios y permitir realizarlos. El balance de los últimos quince meses habla por sí mismo, y nadie puede hoy hacer abstracción de hechos tan brutalmente golpeadores como los cambios profundos que hemos realizado, y continuaremos realizando, con respeto irrestricto a las normas constitucionales y sin quebrar el régimen institucional.
Todo esto viene a demostrar que, hasta el momento, los hechos concretos desmienten la tesis mantenida por el Informe según la cual “esta institucionalidad no puede negarse, ni destruirse a sí misma”. Tal afirmación está fuera de la realidad. Porque está mal planteada. La institucionalidad no puede negarse a sí misma desde el momento que tampoco se ha creado a sí misma. Este enfoque teórico no es incomprensible. Las instituciones políticas son mecanismos creados por fuerzas sociales materiales. Están ligadas a estas últimas, y de la naturaleza y evolución de las fuerzas sociales dependen la historia y destino de las instituciones.
Las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que da la vida, y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada aliada con el capital imperialista. La institucionalidad vigente responde a la fuerza social que da la vida. No a abstracciones metafísicas. Hoy cuando en La Moneda están los trabajadores organizados, el Gobierno responde a los intereses de éstos y no a los de los monopolistas e imperialistas. Mañana, si los representantes de los trabajadores merecen el respaldo del pueblo y éste les confía la mayoría en el Congreso, el Congreso legislará en provecho de las grandes mayorías de Chile, y no de los intereses de la minoría, para transformar el régimen institucional y adecuarlo a las necesidades de una sociedad que camina hacia el socialismo.
Los militantes del Partido Socialista deben meditar en la profunda claridad con que la burguesía ve cómo la actual institucionalidad puede entrar en contradicción con sus intereses de clase. Tómese el tiempo de leer el manifiesto de los parlamentarios de oposición del pasado día 2 de marzo. Pocos testimonios más claros cabe buscar para mostrar cómo los representantes del capitalismo perciben la utilización de sus propias leyes en contra de la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción fundamentales.
Es una postura teóricamente incorrecta atribuir a las normas y a las instituciones un valor absoluto. Más allá de la forma que las encubre, se encuentra el sentido social que anima a quienes las aplican o las utilizan. Los mismos Estatutos de la CORFO, puestos en ejecución por los representantes de los monopolios, llevan a resultados totalmente distintos de su puesta en aplicación por los representantes de los trabajadores, como se ha demostrado en la práctica.
Ayer la CORFO trabajaba para los capitalistas. Hoy la CORFO está acabando los monopolios.
¿Por qué empeñarse en atribuirles al sistema normativo y al régimen institucional un carácter abstracto? Nada más incompatible que ello con cualquier análisis marxista. El Informe Político, al negar la posibilidad de que esta institucionalidad pueda dar paso a través de sus cauces a una institucionalidad con distinto sentido de clase, parece haberse olvidado de principios fundamentales que la dialéctica da la impresión de desconocer que la superación de un régimen socio-económico, su reemplazo por otro, exige el desarrollo de los factores sociales y económicos constitutivamente contrarios a ese régimen. Factores de negación que son a un tiempo, agentes de la transformación y primeras manifestaciones del régimen futuro. Esos factores motores del proceso revolucionario de cambios no son ni las leyes ni el aparato institucional del Estado propiamente dicho, sino que se encuentran en la estructura económica, en las relaciones de producción nuevas que estamos poniendo en funcionamiento de modo acelerado, en la conciencia de los trabajadores, en las nuevas organizaciones de los trabajadores que los cambios en la infraestructura deben producir, y que los partidos populares deben estimular y guiar. El manejo de los rudimentos científicos del análisis en términos materialistas presupone que la acumulación de cambios cuantitativos produce cambios cualitativos.
La negación del actual régimen institucional chileno no puede concebirse como producto de la acción voluntarista de una minoría osada, sino como un fruto de la acción consciente y organizada de las grandes masas que perciben la necesidad de las transformaciones y crean los mecanismos que la hacen posible.
Lo que exige, necesariamente, la acción mantenida y constante a lo largo de años de esfuerzo creador e innovador. Nadie puede ilusionarse en cambiar un régimen social y económico de la noche a la mañana, de un mes para otro. Puede cambiarse en unos días la forma institucional de un Estado, eso sí. Pero la estructura económica no. Una estructura es algo sumamente complejo, cuya trabazón interna no se altera por la sustitución de unos símbolos por otros, de unos elementos formales supraestructurales por otros. Es el desarrollo de todo el proceso de cambios lo que desemboca en un nuevo régimen socio-económico. ¿Cuántos días duró la Asamblea del Pueblo en Bolivia? Más útil hubiera sido para los revolucionarios bolivianos atacar las bases mismas del régimen social capitalista o semifeudal y no empezar el edificio por el techo.
No saltar al vacío
El programa de la Unidad Popular y, por consiguiente el Gobierno está plenamente de acuerdo con la afirmación del informe de que la transformación total del sistema actual exige un salto cualitativo. Efectivamente, y precisamente esa dimensión es la que dará a nuestra política su significado revolucionario. Pero no es legítimo confundir el resultado del proceso con los medios y mecanismos, a través de los cuales se acumulen los cambios en el régimen actual para poder superar el régimen social capitalista. En otros términos, no caben saltos en el vacío.
El salto en el vacío no es gratuito. Significa sí, quiebra, derrumbe y destrucción de la actual constitucionalidad. Pero también someter al país y, principalmente, al pueblo a la pérdida de vidas y medios de producción. Supone destruir fuentes de vidas, de trabajo y bienestar que nuestro pueblo necesita para construir un futuro mejor. Representa introducir un factor suplementario de incertidumbre sobre la suerte a corto y medio plazo de la lucha revolucionaria. El proletariado sabe cuál es la correlación de las fuerzas dentro y fuera de Chile.
Nadie puede destacar que la burguesía, en su escalada contra el régimen institucional, llegue a intentar provocar las condiciones de la ruptura violenta. Los trabajadores organizados deben estar conscientes de ello, dispuestos a asumir el papel que les corresponde. Pero ello no implica desconocerle al régimen institucional vigente la evidencia de que está dando paso a las transformaciones estratégicas en el régimen de producción que vulneran al capital imperialista y monopólico, al tiempo que fortalecen el poder de los trabajadores.
Ni el Programa de la Unidad Popular ni el Gobierno buscan los riesgos del salto en el vacío.
Pero ello no significa que los cambios cualitativos que el desarrollo y consolidación del proceso revolucionario exigen, no deban ser realizados con la mayor rapidez posible. Los militantes del Partido Socialista deben ser conscientes de que contrariamente a lo que el Informe Político sostiene, el camino más corto hacia las transformaciones cualitativas del sistema político actual no pasa forzosamente por la quiebra y la destrucción de la constitucionalidad vigente.
Este es un profundo error. El régimen institucional reposa sobre la voluntad política libremente expresada de los ciudadanos chilenos. La manifestación de voluntad del pueblo chileno permitió hace dieciséis meses que los trabajadores organizados conquistaran el Gobierno. Es la tarea imperiosa de las fuerzas populares convencer, mediante la acción revolucionaria, el ejemplo y la eficacia a las grandes mayorías del pueblo, del sentido y razón de ser de la revolución.
De este modo, en un año nada impide que los trabajadores conquisten también el Congreso.
La tarea del momento es conquistar el Parlamento. Ese es el camino más corto hacia el cambio cualitativo del aparato del Estado. El nuestro es un régimen institucional que reposa en el principio de la legalidad. Transformar la legalidad significa transformar el régimen institucional.
Y ello depende, ni más ni menos, de que el pueblo confíe a los partidos que representan sus intereses la mayoría del Parlamento.
Es, por consiguiente, una perspectiva desviada señalar hoy el régimen institucional del Estado actual como el obstáculo estratégico del que depende el futuro de la revolución. Es al pueblo al que hay que mirar. A sus aspiraciones, a sus necesidades, a su organización, a su formación ideológica, a su movilización, a su persuasión y convencimiento mediante una política revolucionaria activa, inteligente y eficaz. Tareas que los partidos populares, y particularmente el Partido Socialista, pueden hoy asumir en la medida que estén preparados internamente para ello, y en la medida que utilicen correctamente las facultades que la responsabilidad de ser el Gobierno del país les proporciona.
La responsabilidad de compartir el Gobierno junto a los otros partidos y movimientos de la Unidad Popular exige a los socialistas la cabal comprensión de lo que significa la dirección colegiada de todas las instancias del Gobierno y la Administración Pública. Como indica el propio Informe Político, pocas cosas resultarían más graves al buen éxito de la política del Gobierno Popular que “imponer el espíritu de parcela, en que cada servicio dirigido por sus militantes”. Es una perspectiva que hay que combatir infatigablemente, por tres razones.
Pluripartidismo y pluralismo
En primer lugar, por el carácter pluripartidista y pluralista del Gobierno, que no sigue el Programa de los distintos partidos aisladamente considerados, sino el común propósito que los vincula en la presente tarea histórica y que está plasmada en el Programa de Gobierno.
En segundo lugar, porque la acción del Gobierno exige unidad interna, no líneas divergentes que puedan chocar más con otras hasta neutralizarse y terminar en el inmovilismo del estancamiento o al menos de la lentitud en la acción.
En tercer lugar, porque como indicara en el discurso aniversario del 4 de noviembre de 1971, como se dijo en la declaración de diciembre y como se acordó en la reunión de El Arrayán, la función de los partidos es orientar y dinamizar la actuación de la Administración Pública, pero no reemplazar a ésta. Nuestro camino hacia el socialismo no se ha iniciado en Chile sobre las piedras derruidas y humeantes del anterior aparato administrativo, sino por el contrario hemos llegado al Gobierno con la Administración Pública organizada. Mal organizada desde el punto de vista de la revolución, sin duda. Por eso debemos reestructurarla. Pero con una organización básica que resulta indispensable para la ejecución de la política del Gobierno. En estas circunstancias, el aparato del partido político no ha tenido que asumir prácticamente la gestión administrativa, como ha ocurrido en otras experiencias históricas. En Chile tenemos una Administración en funcionamiento que -con todas sus deficiencias, limitaciones y obstáculos- está equipada material, técnica y profesionalmente para el manejo del Estado. No aprovecharla sería absurdo. Y pretender reemplazarla exclusivamente por el aparato de los partidos sería también absurdo.
Por estas razones hay que ver con claridad las relaciones entre los partidos y el Gobierno, los primeros dirigen, junto con el Presidente de la República, y establecen las medidas a aplicar.
Pero la instrumentación y ejecución de la política del Gobierno, en lo que a acción administrativa se refiere, debe llevarse a cabo en la forma estructurada, orgánica y jerárquica que el éxito de nuestra política exige. Y esto es competencia del aparato del Gobierno y de la Administración, en cuyos distintos niveles todos los partidos están presentes. Pero la tarea de los partidos no es la gestión burocrática, sino la dirección política del Gobierno y la acción política en las bases, en medio de las masas. Comprender la razón y el sentido de esta diferenciación es uno de los mayores aportes que puede hacerse a los intereses de nuestro pueblo y a la eficacia de nuestro Gobierno.