Pronunciado: El 20 de agosto de 1971.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 3 de
febrero de 2016.
Santiago de Chile, 20 de Agosto de 1971.
Richard Nixon
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Washington, O.E.
U.S.A.
Señor Presidente
He decidido dirigirme a usted en carta abierta y pública ante el cariz que están asumiendo últimamente las relaciones entre Chile y los Estados Unidos. Lo hago porque para los países pequeños como el nuestro, la fuerza moral de sus posiciones y actuaciones constituye la mejor defensa de sus legítimos derechos y aspiraciones.
La dura realidad de nuestra tierra, el hambre, la ignorancia, la miseria, la casi total desesperanza han convencido a nuestra gente de que necesitamos cambios profundos para superarlas. Y hemos elegido realizarlos en democracia, pluralismo y libertad: en amistad con todos los pueblos de la tierra.
Este proceso interno sólo es posible si se apoya, en lo exterior, en los sólidos principios de la no intervención, la autodeterminación y el diálogo entre los países, y a esta línea hemos ceñido estrictamente.
Sin embargo, hemos sufrido el permanente combate, ora abierto, ora subrepticio, de intereses y fuerzas contrarios a los nuestros; una campaña destinada a deformar lo que somos y lo que queremos, intentando perjudicar nuestras buenas relaciones con los demás pueblos.
No obstante esta campaña internacional, aparentemente concertada, hemos mantenido serenidad, conscientes de que deberíamos preservar los vínculos entre su país y el nuestro a fin de facilitar la solución de los problemas comunes en que sustentamos posiciones diferentes.
Ello nos ha llevado a restar importancia a algunos ingratos episodios no originados por nosotros, que es preciso recordar ahora, cuando la política oficial norteamericana parece dirigida, más que a favorecer la buena disposición de las partes para arreglos amistosos, a coaccionar indebidamente a nuestro país por la vía de la presión económica y financiera.
En los primeros días de mi mandato presidencial, el gobierno norteamericano procedió a retirar, unilateralmente y sin autorización, la misión científica radicada en la Isla de Pascua, infringiendo acuerdos suscritos entre los Estados Unidos.
A mediados de febrero del presente año, el almirante Zumwalt, en visita oficial a Chile, planteó en el curso de su conversación conmigo si veríamos con agrado la presencia del buque de guerra “Enterprise” en el puerto de Valparaíso. Respondí que le invitaba complacido, como Presidente de Chile, porque quería que los miles de tripulantes conocieran la realidad auténtica y democrática que vivimos en que se respetan todas las ideas, principios y creencias.
Para nuestra sorpresa, el gobierno norteamericano decidió suspender la visita del “Enterprise”, sin explicación alguna, infligiéndonos un desaire que no merecíamos.
En marzo, cuando en Ginebra se discutió la sede de la Tercera Reunión de la UNCTAD, no fue misterio que la representación norteamericana usó de toda su capacidad de influencia para intentar impedir que se aprobara la candidatura de Santiago.
El 12 de agosto, el presidente del Export and Import Bank, Mr. Henry Kearns, declaró que el Eximbank suspendía la concesión de un préstamo solicitado por el gobierno de Chile, con las garantías bancarias y financieras necesarias, para adquirir dos aviones Boeing 707 y un 727. El portavoz de la Secretaría de Estado, Mr. Robert McCloskey, comentó esta decisión y la vinculó a que el gobierno de Chile no ha dado seguridad suficiente de que las empresas cupríferas nacionalizadas recibirán adecuada compensación. McCloskey indicó al día siguiente que la solicitud chilena fue objeto de una entrevista el 12 de agosto entre el presidente del Eximbank y el subsecretario de Estado, Mr. John Irwin.
El pasado día 16, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos declaró a la prensa que Chile ha violado cuatro veces sus compromisos para concluir un acuerdo de indemnización con la Cerro Corporation, lo que pone en duda la intención y capacidad de Chile para cumplir sus obligaciones.
Según la misma fuente, esta actitud para con Cerro Corporation ha sido decisiva para suspender los créditos a Chile.
Es propósito decidido del gobierno chileno evitar cualquier motivo de fricción con el de Estados Unidos. Por eso ahora hemos guardado silencio ante los hechos recién enumerados.
Hoy, con respeto y claridad, debemos dejar constancia de nuestro desagrado por los acontecimientos últimos.
Su desviada intención queda de manifiesto, ya que la propia Cerro Corporation había comunicado a la prensa el día 13 de agosto:
“Cerro Corporation anunció hoy día que el Mineral de Río Blanco en Chile ha alcanzado producción total en la forma en que se la define en su contrato de crédito con Export-Import Bank, en los 30 días que preceden el 10 de agosto la mina ha producido 274000 toneladas de mineral, produciendo 18 000 toneladas secas de concentrado con 30 % de contenido de cobre.
Resulta significativo que estos resultados han ocurrido durante el período en que la administración de la mina ha pasado de Cerro Corporation a la Corporación del Cobre (CODELCO) de propiedad chilena en virtud de las disposiciones de la reforma constitucional recientemente acordada en Chile. El control de la mina pasó a CODELCO el 17 de julio. Cerro y CODELCO han cooperado durante este período para hacer la transferencia de dominio lo más fácil posible. Según G. C. Murphy, presidente de Murphy. En respuesta a preguntas formuladas por la prensa, Murphy agregó que la compensación por la nacionalización de la Mina de Río Blanco no había sido establecida en forma definitiva. Dijo que Cerro se veía alentado por la atmósfera cordial de las conversaciones habidas sobre esta materia en el mes de mayo de este año y que esperaba el anuncio de un acuerdo después de cumplirse los procedimientos exigidos por la reforma constitucional por parte del gobierno”.
La decisión del Export and Import Bank fue adoptada previa consulta y con el beneplácito de los organismos gubernamentales de Estados Unidos.
Está fundamentada en un sólo supuesto sustancial: que la nacionalización de las grandes minas de cobre no contempla plenas garantías para indemnizar a las compañías norteamericanas que las explotan.
Chile, señor Presidente, se honra en mostrar ante sus conciudadanos y el resto del mundo una historia republicana basada en la plena e ininterrumpida institucionalización del Estado de Derecho, en la observación de los principios democráticos y en el libre funcionamiento de los mecanismos representativos. Una trayectoria democrática que, en su concreción práctica, puede parangonarse con la de los países que más se vanaglorien de la suya.
La nacionalización de las grandes minas de cobre no es el capricho del gobierno de Chile. Ha sido una decisión de nuestro pueblo en uso de su soberanía, aprobada por unanimidad en el Congreso e incorporada al texto de la Constitución. Un Congreso, señor Presidente, elegido por sufragio universal, directo y secreto, la mayoría de cuyos miembros pertenece a los partidos de oposición.
El texto de la Reforma Constitucional que aprueba la nacionalización de las grandes minas de cobre establece, en términos específicos y claros, la indemnización de las compañías extranjeras y los criterios a observar para determinar su cuantía.
Esta última tarea se ha confiado a la Contraloría General de la República, institución independiente cuya función es precisamente fiscalizar el comportamiento de la Administración Pública.
El texto de la Reforma Constitucional que nacionaliza la Gran Minería del Cobre provee, igualmente, la posibilidad de que tanto las compañías afectadas como el Estado chileno puedan apelar ante la decisión de la Contraloría General de la República, para lo cual se ha establecido un tribunal compuesto, en su mayoría, por ministros de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Constitucional.
En Chile, señor Presidente, la separación entre los poderes del Estado es, conforme a nuestra constitución y su aplicación concreta, mayor que en Estados Unidos. Los Tribunales de Justicia son independientes del Ejecutivo tanto en su generación como en su funcionamiento.
El Estado de Chile, señor Presidente, tiene orgullo en exponer ante sus conciudadanos y el resto del mundo su ininterrumpido y probado respeto a los compromisos contraídos, tanto en el interior de sus fronteras como frente a cualquier otro país.
De donde, afirmar, que la nacionalización de la Gran Minería del Cobre no contempla plenas garantías para la indemnización, supone:
Ignorar deliberadamente lo más esencial de la realidad institucional y política de mi país;
Ofender, no solo al Gobierno de Chile, sino a su Congreso, a todos sus partidos políticos, a sus Tribunales de Justicia y a la Contraloría General de la República;
Presionar inadmisiblemente al pueblo chileno y a sus instituciones representativas en una materia que no sólo es nuestra exclusiva e interna competencia -reconocida por el Derecho Internacional y resoluciones unánimes de las Naciones Unidas- sino que es vital para nuestra economía y su desarrollo: el cobre significa casi el 80% de nuestros ingresos en divisas y más del 20% del Presupuesto Fiscal.
Representarle, señor Presidente, el sentimiento unánime de mi país ante el pretexto y real alcance de la decisión política adoptada en torno a la suspensión de créditos a Chile, significa hablarle con plena conciencia de la dignidad que los latinoamericanos sentimos en nosotros mismos y conferimos a los demás, cuya reciprocidad exigimos.
Significa testimoniar nuestra convicción en la libertad de los pueblos de Latinoamérica para disponer de sus recursos naturales, de sus riquezas y de su propio destino.
Este sentido de dignidad y la búsqueda de su libertad orientan el comportamiento del pueblo de Chile y lo orientarán también en el futuro. Sólo el respeto mutuo de los países por la dignidad y la libertad pueden fundamentar la paz y cooperación internacionales, en términos beneficiosos para todos.
Señor Presidente, dijo usted ante el Congreso de su país: “Estados Unidos está preparado para tener la clase de relaciones con el Gobierno de Chile que él esté dispuesto a tener con nosotros”.
Yo respondí, apenas unos días después, que “el Gobierno de Chile quiere relaciones amistosas con el país más poderoso del hemisferio, siempre que se admita discrepar, disentir y negociar desde distintos puntos de vista”. Y hemos cumplido. No ha salido de nuestro gobierno una sola expresión crítica desorbitada. Por el contrario, hemos buscado la posibilidad de diálogo.
Una vez más el Gobierno de Chile reitera su voluntad de amistad, cooperación y mutuo respeto con Estados Unidos, y a ello ajusta su comportamiento.
De esto puede estar seguro el pueblo norteamericano. Pero, máxime cuando el Gobierno de Estados Unidos se orienta a reconocer la realidad de otros Estados y pueblos impugnados hasta hoy, aceptando el pluralismo de la realidad internacional, los latinoamericanos estamos en nuestro legítimo derecho de exigir una actitud de respeto y cooperación.
En la íntima y personal convicción de que estos principios serán realidad, he querido hacerlos manifiestos, a través de su más alto dignatario, al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos.
Lo saluda atentamente
Salvador Allende G.
Presidente de la República de Chile.