Pronunciado: El 12 de abril de 1971.
Versión digital: Eduardo Rivas, 2015.
Esta edición: Marxists Internet Archive, 2 de
febrero de 2016.
Señor Don Patricio Aylwin
Presidente del Senado
Presente.
Honorable Senador:
En relación a su carta de marzo del presente año, en la que formula algunos problemas de especial interés para los compañeros trabajadores campesinos y a través de los cuales Ud. Cree ver contradicciones entre lo que es la política del Gobierno de la Unidad Popular, contenida en su Programa y la actuación de los funcionarios públicos que intervienen en los problemas del agro, estimo necesario aclarar algunos conceptos y demostrarle, a mi vez, que Ud. no contó con los antecedentes suficientes como para formular apresuradas conclusiones como las que plantea en su carta.
Es de público conocimiento mis reiteradas aseveraciones en el sentido que el Gobierno Popular mantendrá inalterable nuestra tradición democrática, el respeto a la Carta Fundamental y al sistema legal, pero que al mismo tiempo cumplirá estricta y fielmente con el Programa de la Unidad Popular.
Compromiso contraído por los partidos y movimientos que me apoyan, y por mí para iniciar la construcción del Chile nuevo que con urgencia la Patria reclama.
Preocupación preferente del Gobierno Popular es la puesta en marcha de los planes en lo relativo a la aceleración del proceso de Reforma Agraria, haciendo uso de las facultades que la Ley 16.640, en actual vigencia, establece con tal objeto y teniendo siempre presente el beneficio común de los trabajadores campesinos y de los chilenos de origen mapuche, en cuya defensa y para asegurar el desarrollo de sus comunidades, hasta hoy amenazadas por la usurpación de sus tierras y carentes de recursos suficientes, de asistencia técnica y de crédito, este Gobierno ha decidido crear la Corporación de Desarrollo Indígena y ha creado el Instituto de Capacitación Mapuche, organismos que estarán al servicio de este sector de chilenos olvidados y abandonados por las pasadas administraciones.
Con respecto a los puntos concretos que Ud. Plantea, debo manifestarle lo siguiente:
En relación con la constitución de asentamientos en los predios expropiados debo manifestarle que la primera preocupación del Gobierno Popular fue la de tomar posesión de cerca de doscientos predios, que a pesar de haberse resuelto la expropiación por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria en el anterior gobierno y en muchos casos con varios meses de anticipación al término de dicho gobierno, no se había tomado posesión de ellos, ni tampoco constituido los asentamientos. Con satisfacción puedo decirle que casi todos esos predios están hoy en posesión de la CORA, después de haber revisado las tasaciones efectuadas, las que en muchos casos fueron rechazados por los propios campesinos, estimando éstos que sus montos eran excesivos y tendían a beneficiar injustamente a los propietarios de dichos predios. La política de este Gobierno es hacer participar a los campesinos en la tasación de los predios, lo que no ocurría antes, ya que en definitiva serán ellos los que deberán cancelar el valor de los predios expropiados. En todos estos predios ya se están constituyendo los asentamientos correspondientes.
Debo agregar que este Gobierno ha expropiado además, a la fecha, 370 predios, con una superficie de un millón doscientas mil hectáreas, vale decir, hemos realizado en cuatro meses de gobierno casi un tercio de lo realizado en seis años por el Gobierno pasado sobre esta materia.
Fácil es comprender que acelerar de esta manera el proceso de Reforma Agraria ha significado dificultades operacionales en el organismo encargado de su aplicación, debido a que la ley vigente exige realizar una serie de procesos jurídicos y técnicos antes y después del acuerdo de expropiación, por lo cual se ha debido montar equipos de trabajo con la colaboración de funcionarios de otras reparticiones para realizar dichas operaciones en el más breve plazo.
Este hecho explica que no podemos constituir de inmediato el asentamiento en cada predio que se resuelva expropiar por el Consejo de CORA, puesto que de acuerdo a la ley no se puede construir un asentamiento antes de haber tomado posesión del predio. Además, debo recordar al señor senador que no todo predio que se expropie debe constituirse necesariamente en asentamiento, ya que la misma Ley de Reforma Agraria permite asignarles a cooperativas campesinas sin pasar por la etapa de asentamiento.
En relación con la asignación de las tierras expropiadas, este Gobierno comparte su preocupación, ya que de los campesinos asentados en la anterior administración, sólo se asignó tierras a 5.184 de ellos y 5.586 que de acuerdo a lo establecido en la ley deberían haber obtenido la asignación de la tierra por haber cumplido los plazos correspondientes, no habían logrado todavía la asignación respectiva. He impartido instrucciones a la Corporación de la Reforma Agraria para que ponga término a la brevedad a esta situación, que no es de responsabilidad nuestra, asignando las tierras en conformidad con lo establecido en la Ley vigente.
Lamento además que sobre este aspecto Ud. se haga eco de las campañas tendenciosas de los enemigos del movimiento popular, que han levantado una falsa imagen entre los campesinos en relación con las haciendas estatales. Sobre esta materia el Programa de la Unidad Popular es muy explícito, al señalar que también se destinarán en ciertos casos, tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna, pero que la mayor parte de la tierra se asignará en forma cooperativa, salvo la casa y el huerto que se asignará a cada campesino en forma de propiedad familiar. Cumpliendo este mandato, se ha planteado la creación de dichas empresas en casos calificados para asegurar el acceso de la agricultura a ciertos adelantos tecnológicos y se constituirán en los casos convenientes contando con el acuerdo de los campesinos. Puedo informarle que del total de predios expropiados por este Gobierno a la fecha sólo el 0, 5% de ellos se estructura en este sistema. Es falso, en consecuencia, afirmar que todas las tierras expropiadas constituirán haciendas estatales.
El Gobierno ha planteado públicamente su posición frente a las tomas de fundos por parte de los campesinos y hemos hecho ver a los propios trabajadores del agro que no es un procedimiento que ayude a la aplicación de la Reforma Agraria. Este Gobierno se ha planteado la meta de terminar con el latifundio y hemos dado suficientes muestras de consecuencia sobre nuestra decisión de cumplir el Programa de la Unidad Popular. Sin embargo, también hemos dicho que hay casos en que los patrones han explotado más a sus trabajadores que a la tierra y que nos explicamos en esos casos sus reacciones frente a la injusticia que padecieron durante mucho tiempo. Nuestro Gobierno ha enfrentado cada caso y se ha hecho cumplir la ley, pero pierden el tiempo los que desean vernos aplastar con la represión las acciones de los trabajadores.
En los casos de paralización de faenas, el Gobierno ha recurrido al expediente legal de decretar la reanudación del ellas nombrando interventores. Todos los decretos de intervención son tramitados en la Contraloría General de la República y se ajustan a derecho. Rechazo el cargo que se nos hace en el sentido de estar aplicando este mecanismo con el objeto de privar a sus dueños de la administración de sus predios. El señor senador debe saber que una vez dictado el decreto de intervención, si el propietario se aviene a cumplir con las instrucciones tendientes a poner en explotación el predio, solucionando las contravenciones a las leyes sociales que se detecten, dicho propietario continúa con la administración de su predio. El Gobierno ha declarado que en los casos de intervención, si el predio es expropiable, la Corporación de la Reforma Agraria debe iniciar los estudios correspondientes y en caso que no lo sea, se aplicarán los mecanismos legales para resolver los problemas sociales que crearon el conflicto devolviendo subsecuentemente el predio a su propietario. Ante el saboteo antipatriótico de la producción, o la creación de conflictos por parte de los que deben cumplir con las leyes sociales vigentes, el Gobierno cumplirá su deber de asegurar la producción y hacer cumplir la ley, y continuará utilizando los recursos legales que le competen.
En relación con la expropiación de predios menores de 80 hectáreas de riego básicas, que el señor senador señala como hecho atentatorio a la ley y al Programa de la Unidad Popular, debo manifestarle que sólo se han producido en los casos expresamente contemplados en la Ley 16.640, vale decir, cuando se trata de predios mal explotados y en los casos en que sumados el total de predios de un mismo propietario procede expropiar el excedente del equivalente a las 80 hectáreas, de riego básicas.
También resulta extraña su afirmación de que negamos el derecho a reserva reconocido por la ley, en circunstancias que la misma Ley 16.640 indica que en los casos de fundos expropiados por la causal de mala explotación o abandono, el propietario no tiene derecho a reserva. Sólo se ha negado derecho a reserva, en consecuencia, cuando según la ley vigente procedía negarlo y se ha concebido en todos los casos que según la misma ley procedía otorgarlo.
Finalmente debo expresarle que ha sido este Gobierno el que ha instituido la participación real y efectiva de los campesinos en la Reforma Agraria. En efecto, procedí a dictar el Decreto Supremo N° 481 del 21 de diciembre de 1970, creando los Consejos Campesinos a nivel comunal, provincial y nacional, en virtud del cual todas las grandes definiciones en materias agrarias se debían tratar en dichos consejos para asegurar la participación consciente del movimiento campesino en la marcha del proceso. Recientemente hemos iniciado una campaña de Producción Agropecuaria, cuyo éxito o fracaso dependerá básicamente de los compañeros campesinos que deberán discutir el problema y fijar sus metas en la producción de alimentos para abastecer el país. No son los campesinos ni el Gobierno de la Unidad Popular los que hacen abandono de sus responsabilidades productivas para abastecer a los chilenos. Reclamo con legítimo orgullo el honor de haber establecido la participación real de los campesinos que no sólo puede medirse por entrevistas más o entrevistas menos con altos ejecutivos, sino básicamente en la participación real y consciente de todas las masas campesinas en el avance del proceso de Reforma Agraria y en la Campaña de Producción Agropecuaria.
Informo además a Ud. que para conocer y discutir los acuerdos adoptados en la reunión de la Confederación de Asentamientos realizada en Quillota, concedí con tal fin, audiencia para ese organismo el martes 6 de abril.
Por último, me congratulo y agradezco sus expresiones cuando afirma que el Presidente de Chile puede tener la seguridad de que la enorme mayoría de sus compatriotas lo acompañarán decididamente en el esfuerzo en que está empeñado, esto es, la construcción de un Chile nuevo, dentro de los delineamientos contenidos en el Programa de Gobierno y en el respeto de la Constitución y la Ley.
Saluda atentamente al señor senador y le expresa que lamenta la demora en su respuesta por razones obvias.
Cordialmente,
Salvador Allende G.